miércoles, 13 de enero de 2010

SOBRE EL INFORME DE LOS SUCESOS DE BAGUA

Después que una parte de la Comisión encargada de investigar los sucesos luctuosos acaecidos en Bagua el 5 de junio del 2009, emitiera un informe controversial y muy dudoso, no se han hecho esperar los cuestionamientos y dudas sobre dicha información oficial. Para empezar: Después de los hechos la mayor parte de los medios periodísticos trataban el tema con residentes wampis y awajun en Lima, parece que se hicieron invisibles sus participantes, ya que las opiniones las emitían quienes no eran sus protagonistas, muy lejos del lugar de los hechos. El líder Santiago Manuin dejó de existir como voz autorizada, postrado en un hospital de Chiclayo.

Sólo los comisionados Jesús Manaces y Mari Carmen Gómez (religiosa) mostraron independencia y no firmaron tal documento, rechazando sus conclusiones como falsas y que no se ajustan a la verdad. En nuestra opinión personal, nos parece que el informe emitido por los otros miembros de dicha comisión muestra un desproposito sin nombre, fue redactado con la finalidad de ocultar a los verdaderos responsables políticos y materiales de tantas muertes, tanto de policias como de hermanos nativos. Uno de sus acuerdos es solicitar que se implementen programas sociales a nuestros compatriotas awajun y wampis, como si el problema principal fuera la percepción oficial de “indigentes”, de peruanos incapaces de percibir el progreso y la modernidad, a los cuales se les debe imponer un supuesto bienestar desde el Estado peruano, que resulta muchas veces perjudicial en su modo de subsistencia.

Entre los perjudicados de una decisión política para reprimir sin miramientos la defensa de los territorios de dos etnías, resultaron también muertos más de veinte miembros de la policia peruana, Aún no se ha encontrado al Mayor de la policia Felipe Bazán, quien desde los sucesos luctuosos se encuentra desaparecido. Admiro la fortaleza de su familia, que no han desistido en su búsqueda, espero que aparezca y de su versión de los hechos.

Inserto a continuación un artículo aparecido en el feeds de servindi, del abogado Marco Huaco, que me parece objetivo y muy realista al evaluar el informe emitido por una parte de la Comisión encargada por el Gobierno peruano y de los verdaderos móviles que desencadenaron la protesta en Bagua.
Agradezco a mi amigo y colega Alfredo Alzamora por haberme alcanzado esta importante información que comparto con ustedes.
Este artículo está tomado de la siguiente dirección electrónica:


PERU: APORTES PARA UNA CRONOLOGÍA CREÍBLE SOBRE BAGUA.
Servindi, 05 de enero, 2009.- En el siguiente artículo el abogado Marco Huaco presenta una cronología de antecedentes sobre Bagua en base a la cual sostiene la tesis de que el fondo del conflicto es el racismo institucionalizado en el Estado y el afán de favorecer intereses mineros sobre el territorio indígena del pueblo Awajun Wampis.
Marco Huaco, quién es asesor de la organización indígena ODECOFROC, ha denunciado reiteradamente que detrás de ese favoritismo de Estado no solo se vulneran derechos indígenas y normas ambientales nacionales e internacionales sino que además se favorece a oscuros personajes ligados al entorno del Presidente Alan García.
En un artículo anterior publicado en junio (Perú: Testimonio: Pueblos guerreros provocados hasta el genocidio) Huaco deslizó la hipótesis de que los sucesos de Bagua “apuntarían hacia una deliberada estrategia de provocación estatal y empresarial contra las naciones Awajún y Wampís”.
Dicha acción tendría el objetivo estratégico de aplastar la protesta y el movimiento indígena nacional y el objetivo táctico de “desprestigiar ante el país a esos dos pueblos y así facilitar el ingreso de empresas extractivas transnacionales en sus territorios”.

Aportes para una cronología creíble (o sobre cómo responder a la “Gran Pregunta” que la “Comisión sobre Bagua” eludió absolver)

Por: Marco A. Huaco, Asesor de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC)
Han pasado desapercibidos dos aspectos sobre el informe de la Comisión investigadora sobre los hechos de Bagua (bien rebautizada por Bartolomé Clavero como “comisión de la falsedad y la ignominia”) que nos informan sobre la degradación ética de sus redactores(as): uno es el relativo al carácter plagiario y hasta posiblemente delictivo de su contenido; el otro es sobre lo que el Informe no dice respecto a las causas particulares y de fondo de las matanzas del 05 de junio y que sí respondería a “la gran pregunta” que se hizo dicha Comisión en la página 78 de su informe:
“¿porqué si la protesta fue en toda la Amazonía sólo (sic) generaron sucesos luctuosos (sic) de la magnitud (sic) de los de Bagua?. O dicho de otro modo (sic) ¿qué particularidades se dieron en Bagua que originaron la muerte de 23 policías, 10 civiles, (5 nativos 5 mestizos); (sic) y un desaparecido?”.

1. El carácter plagiario y posiblemente delictivo del informe

Antes de pasar a esa “gran pregunta”, no debe pasarse por alto la acusación de plagio hecha por el Sr. Iván Herrera Gálvez publicada en Servindi (aquí) según la cual la cronología de los hechos consignada en el Informe fue copiada de la que él elaboró para su blog.
Aparte del plagio también se hizo una obra de edición interesada, ya que se suprimieron los pasajes del texto original que eran “inconvenientes” para los fines políticos de exculpar a los responsables gubernamentales de las matanzas y de buscar culpables en actores socio-políticos de la oposición (congresistas nacionalistas, ONG, iglesia católica, etc.). Asimismo se añadieron otros “hechos” en la cronología destinados a publicitar ciertos libros (uno de ellos el del sacerdote Ricardo Alvarez Lobo, miembro de la Comisión).
Y no sólo habría esto del plagio. Al intentar desprestigiar a los opositores del gobierno, la Comisión inclusive habría incurrido en el delito de difamación cuando en su “Cronología nacional y regional” inserta falsas imputaciones presentadas como “hechos” (cuando se afirma categóricamente y sin pruebas que ciertos dirigentes indígenas cometieron ciertos delitos). El señor Alvarez Lobo ha dicho que la comisión no tenía facultades judiciales ni fiscales sino investigadoras de las “causas sociales” de los hechos, pero en cuanto a indígenas y a defensores de sus derechos sí que se ha conducido como el más irresponsable de los fiscales.
No se trata entonces de un informe “improvisado” y “hecho a la ligera”. Ni sólo se trataría de un Informe ética y políticamente desdeñable. Nada de eso. Es un informe premeditadamente hecho con mala fe y de ribetes delictivos (tanto el plagio como la difamación son conductas penadas por ley). La abogada Jessie Trevejo que –según indica el Informe- fue la secretaria técnica de esta comisión debería haberlo advertido.

2. Algunos aportes para responder la “gran pregunta” que la propia Comisión se hizo y finalmente no se quiso responder

Ahora bien, al hacerse la “gran pregunta” (al comienzo mencionada), la tremenda Comisión elabora una “Cronología nacional y regional” de hechos que termina “acusando” a los opositores del Gobierno.
Pero dicha cronología evita mencionar una serie de importantes acontecimientos locales y regionalmente conocidos que afectaban a los pueblos Awajún y Wampís del departamento de Amazonas (donde se ubica Bagua) y que indudablemente influyeron en el grado de conflictividad de la protesta en dicha zona y contribuyeron a consolidar la masiva, decidida e indignada protesta awajún/wampís; violaciones de las que el actual gobierno del Sr. García Pérez es único responsable político y legal, ante el Perú y la comunidad internacional.
Lejos esté de mí el pretender “explicar” las injustificables muertes de policías tanto en la Curva del Diablo como en la Estación 06 apelando al recurso de la justicia de las reivindicaciones indígenas. Ninguna defensa de derechos autoriza el quitar la vida a nadie. De hecho creo que tanto el Estado como la sociedad civil deberían reflexionar más profundamente sobre el poco grado de interiorización del respeto al derecho a la vida en amplias capas de la sociedad peruana (en todas, indígenas y no indígenas). Pero lo que sigue a continuación debe tenerse en cuenta en el análisis (estos hechos, creo, no han sido mencionados por analista alguno).
A continuación entonces, algunas modestas contribuciones a la cronología del Informe sobre los hechos de Bagua.

3. Hechos de la cronología regional sobre los sucesos de Bagua: lo que la Comisión “olvidó” y con cuyas consecuencias los Awajún y Wampís de Amazonas viven todos los días:



  • 1996, el Estado peruano acepta oficialmente la importancia ecológica de la Cordillera del Cóndor, territorio indígena:





Una extensa porción de la cordillera del Cóndor (territorio tradicional Awajún/Wampís) es identificada como “zona prioritaria para la conservación de la diversidad biológica nacional” en el documento “Diversidad biológica del Perú-Zonas prioritarias para su conservación“. (1996).
Debido al no reconocimiento legal de su territorio, conocedores de la ambición minera sobre él y de que el Convenio 169 no se respetaba, los Awajún y Wampís del Cenepa adoptan la estrategia jurídica de solicitar al Estado que la parte de su territorio contigua e inclusa en la Cordillera del Cóndor sea categorizada como un Área Natural Protegida.



  • 1999, los Estados peruano y ecuatoriano oficializan legalmente la enorme importancia ecológica de ambos lados de la Cordillera del Cóndor:

En aplicación del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, este último crea varias zonas de protección ecológica. Por su parte el Estado peruano caracteriza su lado de la Cordillera como “área representativa de la eco región del bosque montano de la Cordillera Real Oriental de los Andes” y la incluye para su protección prioritaria en la “Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas-Plan Director (1999)”. Entonces crea la “Zona Reservada Santiago-Comaina” con una extensión de 1’642567 hectáreas con miras a establecer de manera definitiva un área intangible. Lo establece dentro de territorio indígena pero sin consultarles…



  • 2000, se inicia el diálogo directo entre el INRENA y los indígenas para delimitar el área definitiva de protección ecológica ubicado dentro del territorio ancestral:

El estatal Instituto de Recursos Naturales (INRENA), inicia la ejecución de un Proyecto dentro del cual se hace un amplio proceso participativo desarrollado a través de talleres a organizaciones conservacionistas, autoridades locales y nacionales, ONGs y a numerosas comunidades indígenas aledañas. El objetivo es fundamentar científicamente la intangibilidad ecológica de la zona y su extensión para la categorización definitiva. El proceso dura 30 meses de largas y numerosas reuniones. No parece cierto…



  • 2000, empresarios mineros solicitan numerosas concesiones mineras dentro de la Zona Reservada Santiago-Comaina:

Luego de establecida dicha Zona Reservada, inmediatamente se presentan ante el Ministerio de Energía y Minas un considerable número de petitorios mineros cuyos titulares son personas naturales y jurídicas vinculadas a Compañía Minera Afrodita, los canadienses Dorato Resources Inc. y el Grupo Corporativo Cardero. Pero dichas concesiones requieren de la opinión previa favorable del INRENA…



  • 2001-2007: El INRENA desaprueba de manera sistemática dichas concesiones mineras:

Declara que “…los impactos que se pudieran generar como producto de la actividad de exploración y explotación minera afectarían directamente los objetivos de conservación de la zona Reservada Santiago Comaina” y porque “…para la población aguaruna asentada en las partes bajas de la Cordillera es necesario e indispensable a fin de mantener su calidad de vida y sus valores culturales mantener con carácter de intangibilidad las partes altas de la cordillera, por la que vienen apoyando el establecimiento del Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor”.
El Ministerio de Energía y Minas decide mientras tanto, sólo “suspender” los procesos de solicitud hasta que se defina la categorización final de la zona reservada. Ahora, varias espadas de Damocles penden sobre territorio indígena en caso de que no se apruebe el Parque Nacional…



  • 30 de marzo de 2004, los Awajún/Wampís pactan con el Estado un Parque Nacional (área de protección) que los proteja de la gran minería:

    Las organizaciones indígenas ODECOFROC y ODECOAC pactan con INRENA un Parque Nacional cuyos límites correspondieran a los límites de las comunidades ya tituladas, a los límites de las áreas solicitadas en ampliación y a los límites de las nuevas comunidades por titularse, “respetándose los derechos ancestrales de las comunidades”; y de paso insta nuevamente al Estado a que cumpla con titular sus demás tierras.




  • 18 de noviembre de 2004, el estatal INRENA propone oficialmente el “Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor” con un área de 152,873.76 Ha., asimilando la posición indígena:

Como resultado del amplio proceso participativo, INRENA propone dicho Parque para –según él- permitir “al Estado Peruano cumplir con el mandato constitucional de garantizar derechos fundamentales de la persona tales como el derecho de toda persona a su libre desarrollo y bienestar y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (…) así como cumplir con su obligación de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”. El sueño ya parece realidad.
En dicha propuesta, INRENA admite que “la Cordillera del Cóndor en sus dos vertientes, la peruana y ecuatoriana, es territorio ancestral de la nación Jíbara, representada por los grupos étnicos awajún, wampis y shuar” y que “antes de la guerra del año 1941 los pobladores nativos de ambos lados de la frontera formaban familias o clanes extensos a quienes les pertenecían estos territorios”. Es el reconocimiento estatal de que estamos ante espacios bajo el estatus de territorio indígena según el Convenio 169 de la OIT. Por tanto, debe consultárseles todo lo que se discuta respecto a ellos.
En la propuesta, INRENA también menciona el carácter ancestralmente guerrero de los pueblos Awajún y Wampís: “Supieron defender fieramente sus tierras de los invasores: Incas, españoles, exploradores y colonos. Poseen una fuerte identidad y se sienten orgullosos de ella”. “Los awajún y wampís tienen una gran capacidad para establecer alianzas y unirse como pueblo en la defensa de su territorio”. “Una de las características de la cultura jíbara, con predominio en los hombres, es su actitud guerrera.” ¿Se jugará a sabiendas con fuego, entonces?.



  • 08 de noviembre de 2005, se firma un pacto infame: INRENA es forzado a retractarse de su rechazo a la minería en territorio indígena:

En una reunión hecha en el Ministerio de Defensa, con asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Energía y Minas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, e inclusive de la interesada -Compañía Minera Afrodita- (titular de concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor desde 1995), fuerzan a INRENA a que se retracte y declare la compatibilidad de la minería con la zona protegida. Este sería el paso previo para recortar drásticamente el área propuesta del Parque Nacional.
INRENA, supuestamente un organismo imparcial en sus atribuciones, ¡firma un acuerdo! (ver aquí) con Afrodita y dichos Ministerios en los que se compromete. Ahora sí quedan “libres” las hectáreas para las concesiones mineras de oro de la compañía Afrodita y sus socios (Carlos Ballón, amigo del Presidente García, y la canadiense Dorato Resources Inc.).



  • 18 de enero de 2006, Relaciones Exteriores prefiere el oro antes que los derechos indígenas y la defensa del medio ambiente:

El Ministerio de Relaciones Exteriores da opinión desfavorable (sin que le hayan pedido opinión) sobre la propuesta de Parque Nacional del INRENA pactada con los indígenas. Dice que los planteamientos ambientales y ecológicos de la propuesta son irrefutables pero que deben preferirse los “futuros” (¡!) denuncios mineros de oro en la zona.



  • 28 de julio de 2006, nuevo Gobierno:

Asume la Presidencia de la República el Sr. Alan García Pérez con encendidos discursos sociales y económicos contra la minería como factor de desarrollo del Perú (ver).



  • 22 de marzo de 2007, INRENA emite una segunda “propuesta” a la medida de los intereses mineros:

Lo hace sin mediar ninguna consulta con las comunidades indígenas, sin retirar ningún argumento científico previo y sin aportar ningún argumento jurídico nuevo que justifique la modificación de su primera propuesta. Ahora plantea un Parque reducido a 88,477.00 Ha. dejando una extensa área del territorio Awajún y Wampís a disponibilidad de la minería. Por arte de magia, de un documento al otro, una extensa área territorial calificada internacionalmente como “hotspot” deja de ser ecológicamente vulnerable…



  • Febrero y abril de 2007, los perpetradores retornan a la escena del crimen:

En febrero, el Ministerio de Energía y Minas “saluda” que en la nueva “propuesta” de INRENA “ya no se encuentran superpuestos ningún tipo de derechos [mineros] otorgados a terceros por este sector” lo que “propiciará que el Perú establezca una frontera viva, con oportunidades para diversas actividades económicas como la minera en el marco de la responsabilidad ambiental”.
Olvida la Vice Ministra de Minas que dicha “frontera viva” ya existía con la ancestral presencia indígena Awajún/Wampís… En abril, el Ministro de de Relaciones Exteriores también aplaude la nueva “propuesta” de INRENA pero eso sí, dice que ella “debería” consultarse con los pueblos indígenas respetándose el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT… ¡vaya diplomacia!.



  • 16 de abril de 2007, la Defensoría del Pueblo dice que el Estado es incapaz de prevenir la contaminación ambiental:

Según el Informe Extraordinario “Los Conflictos Socioambientales por actividades extractivas en el Perú” de la Defensoría del Pueblo, “a lo largo de su historia, el Estado peruano no ha podido prevenir la contaminación y sus efectos adversos sobre la salud y calidad de vida de las personas. Tanto los niveles de contaminación de las ciudades, los ríos, lagos y el mar, y de los más de 800 pasivos ambientales mineros existentes, así como la gestión de recursos naturales renovables y no renovables, dan cuenta de esta grave limitación”. A similares conclusiones había llegado ya en 2005 el mismo Banco Mundial.



  • 09 de agosto de 2007, se consuma la burla al pacto con los indígenas:

El recorte del Parque Ichigkat Muja se oficializa mediante Decreto Supremo No.023-2007-AG. Como consecuencia, se deja el camino libre para que el INRENA pueda dar su opinión favorable a los petitorios mineros “suspendidos” por Energía y Minas. La Dirección de Concesiones Mineras comienza la aprobación de las concesiones mineras suspendidas del amigo del Presidente García (Carlos Ballón). Se viola la Constitución, pues las concesiones están dentro de los 50 Km. de la frontera y se otorgan a favor de testaferros peruanos de una compañía extranjera (la canadiense Dorato Resources) sin que medie ningún Decreto Supremo aprobándolo.



  • 13 de septiembre de 2007, la diplomacia peruana logra su objetivo y se aprueba la Declaración ONU sobre derechos de los pueblos indígenas:

La misión diplomática peruana culmina con éxito su eficaz estrategia internacional desarrollada desde 1996 para que sea aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas… es más, ella es la encargada de presentar el proyecto de Declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ella se reconoce el derecho “a la libre autodeterminación” de los pueblos indígenas entre otros derechos ya contenidos en otros textos internacionales.



  • 28 de octubre de 2007, la política oficial del Gobierno expresada en el racista y pomposo discurso del “Perro del Hortelano”:

El diario “El Comercio” es el escenario consentido para que el Presidente García publicite su discurso anti-indígena: “contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose”.



  • 25 de noviembre de 2007, continúa el delirio del “Hortelano”:

García ahora dice: “Cada año, al reducirse los ríos de la selva, aparecen las playas o restingas, una tierra de nadie pero con humedad y fertilizantes traídos por los ríos desde los Andes”.



  • 2008, se consuman nuevas y más burlas a los derechos indígenas: el INRENA ahora da su opinión favorable a numerosas concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor.

Luego de haber reconocido sistemáticamente que “los petitorios mineros se encuentran superpuestos a un enmarañado sistema de quebradas, que forman parte de las cabeceras del río Cenepa, las cuales podrían verse afectadas por la actividad y afectar a las comunidades nativas y población que de ellos se abastecen si sus aguas se ven contaminadas con los residuos de la actividad”, INRENA ahora cambia y da su opinión favorable a numerosos petitorios mineros (Lahaina 13, Halcón 1, Cenepa 4, Maravilla 6, Vicmarama 10, Pamina, Maravilla 18, Apu, Campana 1, Vicmarama 11, Oro Grande 1, Lahaina 1, etc., etc.) sin modificar ninguno de sus considerandos negativos previos, recomendando ahora que la minería debe “tener un especial cuidado y realizarse estrictamente bajo la normatividad aplicable”.



  • 27 de mayo de 2008, burla legal del Ministerio de Energía y Minas al Convenio 169:

Dicho Ministerio publica el “Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero” del cual afirma cínicamente que es un “cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. Pero el reglamento sólo establece un procedimiento de “participación ciudadana” y limitado al momento posterior al otorgamiento de las concesiones mineras (curiosa manera de entender la consulta “previa” del Convenio 169).



  • 12 de junio de 2008, El Estado pide dinero a los indígenas para titular sus tierras:

El organismo estatal encargado de entregar títulos de propiedad (COFOPRI) al que 09 comunidades nativas le han solicitado la ampliación, demarcación y titulación legal de sus propias tierras ancestrales, indica mediante oficio que deben procurarle aprox. USD$128,000.00 (¡!); monto sobrevaluado y prohibitivo que debería ser sufragado por los propios programas sociales del Estado… COFOPRI tampoco incluye estos fondos en su planificación financiera… Las solicitudes indígenas datan de la década de 1970…



  • Agosto de 2008, primera protesta indígena nacional contra los decretos legislativos de García.




  • 21 de agosto de 2008, agresiones de la prensa racista:

Portada de la revista CARETAS titulada “Chunchos bamba” en el que se utiliza el término despectivo “chuncho” y afirmaciones desestimatorias para denigrar la protesta indígena amazónica.


  • Noviembre de 2008, los indígenas Awajún y Wampís siguen exigiendo consulta previa:

Deciden enviar una delegación de observadores al campamento minero de Afrodita y luego de constatar daños a los recursos forestales del lugar, exigen a dicha compañía una reunión que finalmente no se realiza. Ante el diálogo frustrado, los indígenas exigen a la empresa que retire su base de exploración minera ubicada dentro de la base militar fronteriza y exigen al Gobierno –por milésima vez- que respete el derecho a la consulta antes de otorgar concesiones mineras en su territorio.



  • 08 de noviembre de 2008, más agresiones de la prensa racista:

Artículo en el diario “Correo” titulado “¡Pobrecitos chunchos! y otras torpezas” en el que un columnista insulta a los indígenas peruanos y a sus símbolos culturales.


  • 25 de diciembre de 2008, cumplimiento de ultimátum indígena:

Una segunda comitiva de indígenas Awajúns no identificados llega al campamento de Afrodita y desmantela dicha base ante la mirada de la guarnición militar fronteriza. Ante esta peligrosa escalada de acontecimientos, la organización indígena ODECOFROC insiste en cursar cartas a la Presidencia del Consejo de Ministros y a diversos Ministerios del Poder Ejecutivo (Agricultura, Ambiente, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, etc.) solicitando la presencia de una comitiva gubernamental para una reunión de diálogo el 28 de enero de 2009.
  • 14 de enero de 2009, peligrosísima provocación minera:

Una comitiva de seis personas de Afrodita-Dorato Resources, ingresa de manera unilateral y sin consulta previa (art. 18 del Convenio OIT) a la comunidad indígena de Huampami (El Cenepa) lo que provoca su retención y la exigencia de los comuneros indígenas de liberarlos a condición de tener un diálogo inmediato con una Comisión de Alto Nivel del Estado. Ello origina una muy difícil crisis cubierta por medios nacionales e internacionales.
Afortunadamente, después de seis días de arduas negociaciones, los retenidos son liberados por las comunidades previa aceptación escrita del Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon de enviar una Comisión gubernamental a la comunidad de Huampami. La promesa finalmente no se cumplió.
El Viceministro de Minas Felipe Isasi “asegura” a los dirigentes indígenas que es falso que Dorato Resources tenga concesiones en la frontera y pedía que los ayudara a encontrar las pruebas.
  • Febrero de 2009, visita de Congresistas nacionalistas al Cenepa:
Un grupo de Congresistas de oposición visita –previa coordinación con los Apus indígenas- la comunidad de Huampami y en dialogo con los comuneros éstos les manifiestan que los pueblos Awajún y Wampís se encuentran en “alerta máxima” contra la presencia de actividades mineras y en fase previa a una “declaratoria de guerra”.



  • Febrero de 2009, la OIT reprende y alerta al Gobierno peruano

La Organización Internacional del Trabajo, mediante su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones observa en distintos párrafos de su informe el permanente y grave incumplimiento del Estado peruano del Convenio 169 de la OIT: “La Comisión expresa su preocupación por los alegatos recibidos y la falta de comentarios del Gobierno sobre los mismos. La Comisión insta al Gobierno que, con la participación y consulta de los pueblos indígenas adopte sin demora las medidas necesarias para garantizar: (…) 2) la identificación de situaciones urgentes relacionadas con la explotación de recursos naturales que pongan en riesgo las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados y la aplicación rápida de las medidas especiales que se precisen para salvaguardarlos.”
  • 04 de marzo de 2009, “a admisión de parte relevo de prueba”:
    La oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas admite en un oficio que: “…conforme a la Ley General de Minería y su respectivo reglamento, el proceso de consulta o participación de organizaciones indígenas… no se encuentra regulado en el procedimiento de titulación de concesiones mineras” (Informe No.010-2009-INGEMMET-OAJ/AI).


  • 19 de marzo de 2009, nueva provocación mediante intrusión inconsulta en territorio indígena:

Dos funcionarios del Gobierno (uno del Ministerio de Energía y Minas y otro del Ministerio de Agricultura, acompañados de un Sociólogo pretextando estar en misión religiosa bajo encargo de la Minera) ingresan nuevamente a la comunidad de Huampami sin consulta ni coordinación previa con los Apus indígenas. Dichos funcionarios señalaron que iban a realizar un “seminario de capacitación sobre minería, hidrocarburos y medio ambiente” dirigido a líderes de una organización indígena fantasma. Fueron retenidos brevemente pero afortunadamente la comunidad les permitió retirarse del lugar.


  • 25 de marzo de 2009, prosiguen los peligrosos desvaríos racistas del Pdte. García:

Una sociedad [la peruana] que tiene elementos psicológicos de derrotismo un poco mayores que los que puedan tener los señores brasileños que tienen más sol, más componente negro y más alegría que nosotros los andinos”; “somos un país andino, es decir un país esencialmente triste”; “no somos como los colombianos que son hiperactivos, tienen mezcla de español del norte vascongado y catalán más mayor componente negro y un poco de antropófago primitivo”; “nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre


  • 13 de abril de 2009, denuncias indígenas contra Dorato Resources:

El líder indígena Zebelio Kayap presenta tres denuncias administrativas que cuestionan las concesiones mineras entregadas a mineros peruanos en la Cordillera del Cóndor por violación del artículo 71 de la Constitución Política que prohíbe a extranjeros tener minas en zona de frontera. Las denuncias son más tarde declaradas infundadas por el Ministerio de Energía y Minas.


  • 22 de abril de 2009, arrecian las agresiones racistas de la prensa:


Portada “¡Qué nivel! Urge “Coquito” para Congresista Supa” (Diario “Correo”), en el que se denigra a una Congresista indígena andina por sus fallas de ortografía al escribir en idioma castellano, siendo su idioma materno el Quechua.


  • 19 de mayo de 2009, Afrodita y Dorato insisten:

Mediante carta No.018-2009/CMA, la empresa Afrodita anuncia su voluntad de continuar con sus labores de exploración al amparo de la legislación minera la cual desconoce y minimiza el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT. En diversas notas de prensa, la empresa canadiense Dorato Resources Inc. manifiesta la misma intención.


  • Abril de 2009, dirigentes indígenas criminalizados e inicio de protesta indígena en Bagua y a nivel nacional:

Diversos líderes indígenas Awajún son perseguidos penalmente por los delitos de “secuestro agravado” por los sucesos en Huampami. Se inicia la segunda protesta nacional de los pueblos indígenas amazónicos contra los decretos legislativos aprobados por el gobierno de García Pérez y su discurso racista del “Perro del Hortelano”.


  • 05 de junio de 2009, Pdte. García sobre masacre en Bagua:

Ya está bueno, estas personas [los indígenas amazónicos en protesta] no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”.
Sin duda, hay muchos otros hechos de esta infame cronología que han quedado en el tintero.
Luego de repasarlos, se entiende claramente porque las señoras Mazetti, Pinilla y el resto de comisionados afines al actual Gobierno racista del Sr. García, no los incluyeron en su interesada “Cronología nacional y regional” a pesar de conocerlos o poderlos conocer ya que están incluidos y documentados dentro de la Acción Urgente presentada por los Awajún y Wampís ante el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas el 03 de agosto de 2009; Acción cuyo contenido está publicado en internet y que está mencionado en el informe de la “comisión sobre los hechos de Bagua” (por consiguiente no hay lugar a ninguna alegación justificable de ignorancia).
¿Será que ahora podrán responder los miembros de la tremenda Comisión a su propia “gran pregunta”?. Les sugiero aquí la siguiente escueta respuesta: a los policías e indígenas del 05 de junio los mataron el racismo gubernamental, señores y señoras comisionadas