lunes, 9 de diciembre de 2013

LA UNIVERSIDAD PERUANA ¿SE SALVARA O SEGUIRÁ EN EL POZO?


Por Jorge Rendón Vásquez

No es que el debate sobre una nueva Ley Universitaria se caliente ahora. Estuvo caliente desde que los rectores en funciones o potenciales y sus clanes se enteraron de que el proyecto consideraba la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria con la modesta función de supervisar y acreditar la calidad educativa de las universidades.


No les gustó el proyecto, porque la distorsionada autonomía universitaria ha sido utilizada por ellos para instituir un archipiélago de pequeños estados independientes donde pueden crear las carreras que quieran, enseñar lo que quieran, hacer profesores a quienes quieran, tengan o no los requisitos académicos para enseñar, disponer de los recursos públicos que les son atribuidos como quieran, pagarse lo que quieran oficial o extraoficialmente, etc. Y todo esto, prescindiendo absolutamente de las necesidades de nuestro país y de la conveniencia de los educandos.

Hace unos días un funcionario de una entidad estatal con quien tengo cierta amistad me llamó para pedirme que recibiera a un rector de una universidad de provincia. Ésta había decidido establecer en Lima una Facultad de Derecho, como su filial, y necesitaban un docente con el grado de doctor para hacerlo Decano y encargarle su organización. Le pregunté a ese funcionario si sabía cuántas facultades de Derecho hay en Lima. No lo sabía, y probablemente tampoco el rector comitente. Y es posible que ni les interesara.

En cambio, los rectores sí saben positivamente que una gran parte de los jóvenes egresados cada año de la Educación Secundaria, que son decenas de miles, aspira a ingresar a alguna universidad, como el horizonte más promisorio para su promoción social, y que sus padres harán incluso sacrificios económicos por encima de sus posibilidades para pagarles los estudios superiores. Vale decir que hay un gran mercado universitario y que corre mucho dinero por él. En la lógica crematística de los rectores y sus clanes sería tonto perderlo.
En este festín, el convidado de piedra es el país que, para ellos, no tiene voz ni voto, como la efigie de alguien que fue notable en un mausoleo.
Que la mayor parte de las universidades resulte un adefesio, no es una materia compatible con el mercado, aunque sí con la autonomía. Por lo tanto, es explicable que los rectores se aferren a la autonomía, la invoquen como una diosa (que debe ser pariente cercana de Proserpina) y paguen contra el proyecto de Ley Universitaria costosos avisos en los diarios, no con dinero suyo, sino metiendo la mano a las arcas universitarias que legalmente no están para eso. (¿Qué dirá la Contraloría sobre esto?).
La autonomía universitaria recibió su espaldarazo en la Constitución de 1979. La fórmula fue: “Cada universidad es autónoma en lo académico, económico, normativo y administrativo, dentro de la ley.” (art. 31º). La expresión “cada universidad” fue propuesta por el camaleónico representante Enrique Chirinos Soto, en ese momento perteneciente al Partido Aprista, y en nombre de éste. La apoyaron los representantes del PPC y de algunos grupos de izquierda. Todos ellos sabían cuánto podía rendirles política y económicamente la autonomía universitaria, gobernando cada universidad como una ínsula. (Y hay quienes adoran todavía a la Constitución de 1979.) Por fortuna, alguien añadió que esa autonomía debía operar “dentro de la ley”.

En la Constitución de 1993 se repitió la fórmula de la autonomía, mas sin la expresión “dentro de la ley”, la que fue sustituida por la declaración de que “Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.” (art. 18º). La educación universitaria quedó también englobada en la norma más genérica alusiva a toda la educación: “El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.” (art. 16º).

Caricatura de Carlos Tovar, Carlin.
No hay pues en nuestro ordenamiento constitucional una autonomía universitaria irrestricta, como pugnan por aducir hasta la desesperación los rectores y sus clanes.
Si a los rectores se les preguntara si ellos responden por la pésima calidad de la formación profesional en casi todas las universidades de nuestro país, voltearían la cabeza y responderían: “No se oye, padre.” Sin son ellos los principales causantes de ese desastre ¿con qué ejecutoria moral y profesional se alzan ahora contra una ley que podría empezar a rescatar a la universidad peruana del oscuro pozo en cuyas tinieblas gobiernan?

Hace algunos meses, en uno de mis comentos sobre Arequipa, me ocupé de los 367 doctorados “bamba” que los rectores de la Universidad de San Agustín habían conferido entre los años 2000 y 2006, por simples resoluciones rectorales, incluyéndose ellos mismos como beneficiarios, sin los estudios comprensivos, sin acreditar el conocimiento de dos idiomas extranjeros y sin tesis. (El colmo de la audacia ¿no?, como los conquistadores que decían que cada uno tenía en el bolsillo una real cédula que disponía: “Este español está autorizado a hacer lo que le da la gana.”). Gracias a esos doctorados, ascendieron de categoría, aumentándose los sueldos y, cuando se retiraron de la Universidad, obtuvieron pensiones más altas. La Asamblea Nacional de Rectores lo supo y no dijo ni pío, puesto que la Universidad de Arequipa había procedido en virtud de la autonomía universitaria. El rector de esta Universidad, protagonista de ese escándalo, es ahora Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores y una de las voces más calificadas del coro contra el proyecto de nueva Ley Universitaria.
El control de calidad de la formación profesional universitaria debe ser  función permanente en las Universidades.
La necesidad de una entidad cuya función sea controlar la calidad de la educación universitaria es clamorosa para nuestro país y para los estudiantes universitarios. Sin cuadros profesionales egresados de universidades calificadas el desarrollo económico se retarda. La mayor parte de los egresados universitarios actuales tiene que formarse necesariamente en el trabajo durante varios años hasta alcanzar el nivel adecuado que deberían haber tenido al egresar. Forzosamente, entonces, la dirección de las empresas y otras entidades al más alto nivel tiende a ser confiada a profesionales venidos del extranjero o con maestrías y doctorados obtenidos en el extranjero. Porque no se puede jugar con la responsabilidad de  producir bien, tanto en el servicio público como para el mercado.

En todos los países europeos, la formación universitaria está dirigida o supervisada por los gobiernos centrales y por las regiones o comunidades autónomas donde éstas existen. La autonomía universitaria esta limitada a la elección de las autoridades universitarias. Los regímenes de estudios, las carreras, las facultades y los doctorados, el régimen de ingreso a la docencia universitaria y a seguir estudios en la universidad están determinados centralmente. Se entiende en esos países perfectamente que el desarrollo económico y la marcha misma de la sociedad y del Estado dependen en buena parte de la formación profesional universitaria, y más aún cuando la competencia económica es el medio natural de su existencia.

He tenido la oportunidad de ver personalmente el funcionamiento de la universidad en Europa y en Estados Unidos. Forma parte de un sistema integral de formación profesional que comprende a las escuelas de educación inicial y secundaria, a los institutos de carreras no universitarias para la provisión de mandos medios, a las universidades, a los centros de formación de profesionales de nivel superior y a las academias de investigación. Y este sistema está dirigido y coordinado por una autoridad colectiva central, de manera que nada concerniente a la formación profesional queda librado a la autonomía de los funcionarios, autonomía que no existe y que la organización de la economía y del Estado sencillamente no toleraría.

¿Podrían las universidades peruanas soñar siquiera con el nivel de las universidades de los países más desarrollados? Tal vez los señores rectores atrincherados en la Asamblea Nacional de Rectores puedan absolver esta pregunta y con gran soltura de huesos me digan que sí, como me respondió el decano de una Facultad de Derecho hace ya algunos años cuando le pregunté por que no promovía la incorporación a la docencia de ex alumnos que se habían doctorado en Francia y en Italia.

Todo es posible en la dimensión desconocida de la osadía del subdesarrollo.

(2/12/2013)