"89. ¿Está probado que el acusado Alberto Fujimori Fujimori el treinta de julio de mil novecientos noventa y uno emitió otro memorando en el cual indicó que en base al memorando anterior, y en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución, en su condición de jefe supremo de las FF AA, dispuso se considere dicho reconocimiento por trabajos especiales [del grupo Colina] para el proceso de ascensos de ese año, "por haber participado en exitosas operaciones especiales de inteligencia" excluyendo en dicho documento a Ríos Rodríguez y Flores Alván? Sí lo está."
"156º ¿Está probado que el asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta también responde a un patrón de crimen de Estado, de ejecuciones extrajudiciales? Sí lo está."
"212º ¿Está probado que el cinco de mayo de 1993 el General EP Robles Espinoza formuló denuncia pública en la que sostuvo que el crimen de La Cantuta fue cometido por un destacamento especial de inteligencia que operaba bajo las órdenes directas del asesor presidencial Montesinos Torres, cuyos operativos se coordinaban con el SIE y la DINTE y se aprobaban por el Comandante General del Ejército? Sí lo está."
Extractos del fallo condenatorio por crimenes de Estado a Fujimori.
Un fallo impecable y que prestigia al poder judicial peruano, es la que han dictado los jueces peruanos César San Martín, Víctor Prado y Hugo Príncipe. El juicio contra el dictador Alberto Fujimori culminó con una sentencia condenatoria de 25 años de prisión efectiva, por hallársele responsabilidad en delitos tipificados como crímenes de Estado y crímenes contra la humanidad, como autor mediato de los asesinatos de personas indefensas en Barrios Altos, y de los estudiantes y del profesor Hugo Muñoz de la Universidad La Cantuta.
La fundamentación legal es contundente: todas las pruebas indiciarias conducen a probar la comisión del delito, no se muestran contra indicios que las invaliden como evidencias probadas. Más allá de la duda razonable, los testimonios presentados revelaron que Alberto Fujimori fue el responsable directo de una política de “guerra sucia” cuya estrategia contrasubversiva, implicó la desaparición y el asesinato de sospechosos de terrorismo como el mecanismo natural de una política de Estado.
Esta guerra de “baja intensidad”, produjo miles de muertos. La relativización de los Derechos Humanos como ejercicio constitucional, el desprecio y respeto a la vida humana, fueron la caraterística de su gobierno dictatorial. Aún hoy en día se mantiene latente el descubrimiento de nuevas fosas comunes en el interior del Perú, que revelan los alcances de esta política de Estado. El informe de la Comisión de la Verdad, presidido por Salomón Lerner, evitó la falsificación de la memoria y la necesidad de la persistencia de la justicia en el Perú, ejercicio posible sólo en un sistema democrático.
Conocí a Hugo Muñoz ejerciendo su liderazgo como profesor de pedagogía, ecuánime y ponderado, consideraba que la justicia social no eran sólo principios a memorizar en algún texto universitario, sino acción en favor de los más pobres. Recuerdo sus esfuerzos para apoyar a pobladores de Chosica, afectados por un desastre en 1987. A una de las víctimas, el estudiante de literatura Marcelino Rosales, lo recuerdo activo e inquieto por forjarse una formación poética, había formado un círculo literario y destacaba en sus estudios. Todos ellos fueron asesinados a mansalva y sus restos fueron incinerados, intentado ocultar estos crímenes de lesa humanidad.
El fallo del tribunal ha reivindicado lo que todos sabíamos: no eran “terroristas”, acusación que se arguyó para intentar justificar lo injustificable. Al día siguiente del secuestro y asesinato de Muñoz y de los estudiantes empezó un "operativo psico-social" basado en mentiras que hasta el día de hoy no acaba. Se decía: “se auto secuestraron” o lo peor, que: “no existían oficialmente”. Desde ese día sus familiares empezaron una larga lucha por encontrarlos. Nuestra universidad estuvo intervenida militarmente y sus órganos de gobierno disueltos. Sólo cuando se hallaron restos humanos en Cieneguilla, y se identificó las llaves del estudiante Armando Amaro Cóndor, la esperanza de encontrarlos con vida se diluyó, el asesinato de todos ellos se confirmaba. Las declaraciones del general Rodolfo Robles Espinoza pusieron al descubierto lo más oscuro y perverso del régimen dictatorial: fue un asesinato planeado y ejecutado desde la más alta jerarquía del Estado peruano.
¿Qué motiva la pretensión de la justificación de estos crueles asesinatos por parte del condenado cuando afirma que "no se arrepiente de nada"? Algunos están convencidos en la validez de una doctrina contrasubversiva, amparada en la impunidad y el respaldo encubierto de algunas instituciones, que se sienten por encima de los otros poderes del Estado. Estos asesinatos ocurridos durante una dictadura, fue denunciada durante la defensa del ejercicio de los derechos humanos, una característica fundamental dentro de un régimen democrático.
¿Cuáles son las enseñanzas de este histórico fallo judicial? Ningún crimen puede quedar en la impunidad, y el abuso del poder siempre debe ser sancionado, no importando el tiempo transcurrido. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y esto deben saberlo quienes llegan al poder, creyendo que las consecuencias de sus actos y decisiones son prescriptibles y que rebasan cualquier marco del derecho humano.
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