Caricatura de Carlin (Carlos Tovar) tomado del diario La República.
Acaba de ser derogado el DL 1097, una triquiñuela legal destinada a encubrir y proteger a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad en contra de la población peruana a partir de 1981.
¿Cual es la lectura que sacamos de la impronta del gobierno aprista al introducir subrepticiamente un mecanismo legal para otorgar impunidad a miembros de las Fuerzas Armadas y policías que han sido los ejecutores de una política que arrasó y asesinó sin compasión a niños, ancianos, mujeres o detenidos inocentes? ¿Son inocentes quienes fueron los autores materiales de abominables crímenes ordenados por personajes siniestros que actuaban aplicando una doctrina contra subversiva aprendida en Fort Bragg?
El inmediato repudio ha doblegado la triquiñuela legal del gobierno para hacernos consentir una norma legal ha todas luces encubridora de una sangrienta política de estado durante la guerra contra subversiva. Muchas instituciones han rechazado esta norma que otorga impunidad a procesados por violación de Derechos Humanos: Colegio de Abogados de Lima, Defensoría del Pueblo, Conferencia Episcopal Peruana, el relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y del escritor Mario Vargas Llosa entre otros muchos. La presión de la opinión pública nacional e internacional terminó por rendir la decisión política del gobierno aprista, dio marcha atrás con una razonable derogatoria del DL 1097, con esto, se evitó la aplicación de una norma jurídica de “punto final”, que beneficie a procesados por violación de Derechos Humanos, tal como sucedió en la República Argentina. De acuerdo a los tratados internacionales firmados por Perú, los delitos de lesa humanidad no prescriben en el tiempo.
Desde 1981 se ha mentido sobre la condición de los Derechos Humanos en el Perú, las fosas comunes sólo existían en la mente extraviada de algunos “izquierdistas trasnochados” o de “periodistas problemáticos”. Hasta que fue tan evidente las matanzas de poblaciones enteras, que de nada sirvió encubrir a sus autores intelectuales o materiales. Como herida que jamás cerrará están los casos de Accomarca, Cayara, Lucmahuayco, Putis, el Estadio Municipal de Huanta, entre los más conocidos en el interior del país. En la capital crímenes horrendos como el ocurrido en los penales El Frontón y Lurigancho ocurrieron durante el primer gobierno aprista. Los asesinatos a sangre fría ocurridos en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ordenados por la dictadura de Fujimori han tenido sentencia penal y los procesados purgan una larga condena por estos asesinatos que conmovieron la conciencia democrática en el Perú.
Aún existe un “espíritu de cuerpo” en los institutos armados que entrenaron, armaron y ordenaron la ejecución de operativos de aniquilamiento. La propaganda interesada de que muchos de estos efectivos actuaron por su cuenta y sin conocimiento de su institución, ya resulta a estas alturas risible, cuando nos encontramos con normas como el DL 1097, cuya redacción proviene de la parte interesada. El imperativo de solicitar impunidad a cada gobierno de turno es una constante que reclaman aquellos institutos justificándose que violar derechos humanos fue indispensable para derrotar a Sendero Luminoso. Uno de los defensores del DL 1097 sostiene: “Lo que estamos pidiendo es que se hagan juicios justos en el tiempo debido”, y esto resulta un círculo vicioso en la historia judicial del Perú. Cuando familiares de los asesinados han solicitado identificar a miembros de estos institutos armados, el Ministerio de Defensa se niega a otorgar la debida información, trabando todo el proceso judicial, dilatando intencionalmente los plazos judiciales. Cuando se han vencido los plazos judiciales, la táctica es solicitar la prescripción de los mismos, tratando de ampararse en el nuevo código procesal penal, beneficiando a quienes cometieron horrendos crímenes.
El engaño y la mentira sobre violación de derechos humanos en el Perú ha seguido siendo la usual herramienta para intentar borrar de la memoria de todos los peruanos, del horror que causaron aplicando una política de terror de Estado. Jean Paul Sartre llamaba “inautenticidad” o “mala fe”, al uso del engaño que terminaba finalmente siendo un autoengaño. El que engaña termina siendo también el engañado: la mentira termina siendo la verdad oficial, la memoria culmina en falsificación, y esto es precisamente el contenido del DL 1097. No sólo en los informes de la Comisión de la Verdad se muestran hechos de violaciones a los derechos humanos, aún podemos conversar con los familiares de las víctimas como testigos de aquellas atrocidades, sus denuncias aún esperan la sanción a los autores materiales e intelectuales de aquellas violaciones que terminaron en abominables asesinatos.
¿Qué lección queda de la derogatoria del DL 1097? Aún cuando el sistema político en el Perú se precie de democrático, aún siguen enquistados en la sociedad política aquellos personajes siniestros que ordenaron matanzas, y que gobernaron en la dictadura de Fujimori. Un sistema democrático que vigile y prevenga los asedios de solicitudes de impunidad, tendrá una tarea permanente para educar a la población evitando la falsificación de la memoria, no hacerlo, es repetir la tragedia.
Nota: El Decreto Legislativo 1097 puede leerse en la siguiente dirección electrónica:
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01097.pdf
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