EDUCACION Y SOCIEDAD CIVIL.

Imagen 01: Dibujo de niño de 05 años: "Mi patio de recreo"

El concepto "Sociedad Civil" contiene una amplía gama de definiciones que va desde enfoques jurídicos hasta criterios de consenso organizativo opuesto y/o complementario a la sociedad política. Se considera que sociedad civil es la representación del conjunto de instituciones que defienden los derechos e intereses colectivos e individuales, tanto políticos como sociales de cada ciudadano o colectividad. Bajo este concepto se resguarda el derecho a la libre asociación y el reconocimiento de las distintas formas organizativas cuya finalidad es defenderse de acciones que afecten el bienestar público originados desde el Estado o la economía de mercado.

Los integrantes de la sociedad civil usualmente tienen peticiones y reclamos legítimos ante normas que anulan sus derechos a ser consultados y que sus decisiones sean establecidas como responsabilidades del Estado, efectivizados en reguladores contractuales como leyes y normas. La Sociedad civil es concebida como una estructura organizativa básica para la defensa de los derechos básicos y al bienestar común, a que es inherente el ser humano como individuo o colectividad.

La educación como proceso reproductivo cultural dentro de lo que comprendemos como sociedad civil, adquiere la característica de un notable artículo de consumo. Se considera que bajo su égida el éxito y el progreso son bienes adquiribles de acuerdo a determinadas escalas axiológicas. El proceso educativo regenera constantemente la Sociedad Civil, se vigila que dichos valores impartidos no escapen de la normativa establecida por la costumbre o el derecho instituido. Los educandos como futuros ciudadanos son requeridos en determinados valores bajo los cuales deben formarse, ya sea dentro de la escuela o fuera de ella.

El ejercicio y adopción de una antropologia filosófica para el proceso educativo peruano nos plantea un determinado perfil o vectoricidad axiológica para formar nuestros futuros ciudadanos, dotados de requisitos que lo integren en el conjunto social, económico y cultural, entre otros. Dichos valores son impartidos bajo la convicción de que los educandos deberían tener las siguientes características de personalidad positiva que causen el bienestar común: ser solidarios; dignos; libres; críticos de su realidad; habituados al trabajo con el conjunto social; participativos en la solución de problemas que atraviese el entorno; autorrealizable en la medida que su individualidad se complemente con todo el conjunto social, tolerante en la medida que acepte y busque integrar las opiniones divergentes y diferentes que integren su sociedad; que busque integrar sus conocimientos en su praxis diaria; y, que se autorreconozca en sus orígenes de identidad y condición cultural que lo integre dentro de la cultura universal.

Dentro de la filosofía educativa se han señalado determinados valores de justicia que deben afirmarse en la formación de la personalidad del educando, se debe evitar formarlos dentro de esquemas del comportamiento y actitudes racistas, xenofóbicas, discriminatorias, de fanatismo e intolerancia. En estos casos la Sociedad Civil debería cumplir una función de vigilancia como “educador colectivo”, cuya misión es potenciar los valores positivos que beneficien su fortalecimiento y continuidad.

En el inicio del tercer milenio espectamos el nacimiento de una «modernidad educativa» que da preferencia a las tecnologías de la enseñanza antes que la humanización en la formación del educando. Encandila el discurso gubernamental cuando nos plantea la aceptación de un criterio pragmático de educación como calidad y desarrollo para estar acordes al ambiente postmoderno, aunque no sabemos si tal deseo nos conduce al desarrollo nacional.

Imagen 02: Apertura del año escolar sin la infraestructura adecuada.

Si evaluamos los logros y metas que se han trazado el desarrollo de la educación peruana bajo una política de Estado aún pendiente, hallaremos que educación aún no es sinónimo de progreso; el sentido del progreso y desarrollo adquieren autenticidad y sobre todo, no enajenan ni resultan procesos de dominación cultural. Esto sólo podría ocurrir cuando existan coincidencias de intereses entre la sociedad civil y el Estado. Se considera que el Estado debería encarnar los intereses comunes del conjunto como sociedad, pero es también cierto que se aleja de ella en la medida que adopta determinados lineamientos estratégicos que encaminan sus acciones para lograr determinadas metas, excluyendo a la Sociedad Civil en la toma de tales decisiones.

No siempre el Estado y la Sociedad Civil han expresado las mismas funciones y necesidades, constantemente se origina la colisión de intereses, por cuanto es la sociedad civil quien determina el rumbo que sigue una la política de Estado. Cuando un gobierno aplica una decisión política, la decisión adoptada hace previsión de los límites permisibles de tolerancia entre los afectados, sin que ello pueda causar una ruptura entre la sociedad civil y el Estado.

El proceso educativo peruano muestra ejemplos del desencuentro entre Estado y Sociedad Civil. La educación peruana como política de Estado no ha logrado elevar a la categoría de ciudadanos a sus miembros, sino los considera como participantes pasivos y manipulables dentro de sus mecanismos de administración y toma de decisiones. Cada ciudadano debe decidir entre las obligaciones que exige la norma dictada y la condición de acatarla. La participación ciudadana debe sustentarse en la convicción de la necesidad que tal acción pueda generar. El debate, la crítica, la propuesta, la iniciativa, la participación consciente no pueden ser elementos decorativos en la solución de los problemas que atraviesa. Nos preguntamos si es concebible suponer que sus miembros carezcan de iniciativas o de participación activa en la solución de sus problemas concretos, y que debido a factores exógenos se active el rechazo a decisiones que los afecten inmediatamente. El argumento del elemento extraño que detona un rechazo activo aún sigue utilizándose como discurso oficial para ocultar el frecuente autismo de la sociedad política.

Una Sociedad Civil requiere en lo posible de ciudadanos dotados de una educación integral; dotados de información científica que le permita participar en todo el mecanismo social, fortaleciéndola en todo momento. Necesitamos de una educación integral y humanista, donde se brinde al educando el desarrollo de todas sus capacidades y habilidades. Aunque resulte utópico hablar de educación integral, a ella no pueden sustraerse los maestros peruanos como meta definida a alcanzarse en el futuro.

Cuando evaluamos lo que se ha logrado como producto del sistema educativo y qué ciudadanos queremos educar para el futuro, ha correspondido al Estado y su gobierno, el interés por los resultados inmediatos de la aplicación de la política de gobierno que aplica durante cinco años. Se ha formalizado legalmente el Proyecto Educativo Nacional sin tener en cuenta que tipo de ciudadano se va ha lograr dentro de los contextos interculturales o multilingües, o cuales son las necesidades educativas que se adecuará en su integración con el desarrollo productivo en el futuro. Se propende una formación cognitivista antes que una educación integral en los educandos. Se considera la eficiencia del sujeto cosificado es un criterio válido para la competitividad del individuo dentro de los mecanismos del mercado. Es de temer cuando la sociedad civil la componen individuos que ejecutan, pero no critican; hacen, pero no cuestionan, realizan, pero no evalúan. La emergencia de este tipo de sujetos se debe en gran parte al proceso educativo como mecanismo de cosificación y dominación.

La educación como proceso y responsabilidad, tanto de la sociedad civil como del Estado han establecido dos reguladores contractuales vinculantes: 1) Un Proyecto Educativo Nacional y, 2) La normatividad de la carrera magisterial. En nuestra opinión, ambos no se desprenden como el resultado de las necesidades del bienestar en educación formuladas desde la sociedad civil; son reguladores legales de problemas de larga data, en la cual el Estado peruano ha aceptado las propuestas de una comisión de personalidades, aplicándola tanto a maestros como usuarios, aunque no sabemos si tal decisión coincida con el contexto de la realidad y los requerimientos reales de los afectados. El Proyecto Educativo Nacional resulta un conjunto de propuesta que establece un conjunto de metas a lograr hasta el año 2021.

Imagen 03: Niños de Educación Inicial ejercitando movimientos de coordinación.

Estas metas señalan la necesidad por atender lo elemental y básico del proceso educativo, aunque sus proyecciones no atienden aún el desarrollo educativo propiamente dicho. No existe un engarzamiento real con el desarrollo económico nacional y la adecuación de la escuela a algún proyecto de desarrollo. En lo segundo, las normas legales emitidas afectan a la colectividad magisterial peruana, nuevamente menosprecian la labor del docente bajo formación profesional. Una norma legal emitida últimamente por el gobierno peruano autoriza a titulados de cualquier carrera profesional a ejercer la docencia en las escuelas, considerando que no se requiere de formación profesional como educador. Respecto a otras carreras y profesiones, la de un educador requiere formación integral y humanista, el dominio de la didáctica no sólo pertenece al dominio cognitivo, sino también a la modelación de la personalidad de los educandos. Se culpa inopinadamente a los maestros peruanos de los fracasos de la política educativa regulada desde el Estado, lo cual nos parece una evasión de responsabilidades del Estado para con la sociedad civil.

Los organismos naturales de los maestros peruanos, aún parecen representar una voz débil para defenderse del quiebre de su más elemental derecho: el ejercicio de la profesión. La usual forma de reclamo y defensa que ejercen muchas veces culmina en cansancio y negociación de extraños beneficios para un determinado grupo magisterial. Una sólida propuesta de transformación educativa debe construirse entre y por los mismos maestros; no se trata de reemplazar las responsabilidades del Estado, sino actuando como sociedad civil, proponer un nuevo Proyecto Educativo Nacional, señalando metas y objetivos para la resolución de problemas encaminados a potenciar el desarrollo nacional.