Caricatura de Carlos Tovar, "Carlin. Diario La República 24 / 12/17. pág. 8 |
Transcribo el editorial del diario La República horas antes que
Pedro Pablo Kuczynski conceda indulto a
Fujimori, quien purgaba condena por crímenes de lesa humanidad. Muy a pesar de
la desinformación y manipulación de la opinión pública por parte de los dueños
de canales de televisión y diarios que crecieron bajo el amparo del dictador,
es necesario rechazar la impunidad que goza el señor Fujimori.
Con este indulto
el señor Kuczynski nos ha enviado un mensaje claro: la impunidad es factible en
el Perú, se otorga licencia para matar y violar los Derechos Humanos, al final quien los cometa nunca sufrirá condena por los horrendos crímenes cometidos.
EDITORIAL DIARIO LA REPÚBLICA 24 de diciembre 2017
El indulto express
No puede canjearse inmunidad por impunidad.
Se han empezado a confirmar las versiones que indican que el
gobierno negoció con Kenji y Alberto Fujimori los votos para impedir la
vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Los datos
publicados por este diario y por otros medios indican que esta negociación ha
corrido paralela a la defensa pública de PPK y que mientras el discurso
oficialista nos aseguraba la vigencia de los valores democráticos y
constitucionales, de modo oculto se gestionaba la entrega de una prebenda
política.
Esta contradicción entre lo que se dice y se hace, un vicio
que vulnera la ética republicana, debe ser puesta sobre la mesa. Las
instituciones y sectores de la comunidad que defienden la legalidad democrática
y los Derechos Humanos, donde este diario se ubica resueltamente, no pueden ser
indiferentes ante las evidencias que aparecen y se agrupan en la dirección de
un acuerdo bajo la mesa.
En el Estado de Derecho, así como las formas deben ser parte
del contenido, los medios deben guardar coherencia con los fines. De esta
perspectiva, es totalmente equívoca la tesis esgrimida en las últimas horas
respecto que la defensa del presidente Kuczynski, cuyo cargo iba a caer
arrollado bajo la arremetida autoritaria de Fuerza Popular, justifica la
concesión de una gracia presidencial a Alberto Fujimori, una especie de canje
entre inmunidad e impunidad.
Según los datos publicados por este diario, el 15 de
diciembre se presentó un pedido de conmutación de pena a favor de Fujimori por
el congresista disidiente de Fuerza Popular Guillermo Bocángel. El problema es
que la operación se inició días antes, con actos previos y preparatorios. En un
extremo ilegal, la junta médica que ha opinado a favor de del indulto de
Fujimori la integra Juan Postigo Díaz, médico de cabecera del reo de Diroes
desde 1997 y que ya adelantó opinión a favor del indulto el año 2012. En esa
ocasión, Fujimori exigió que su médico integrara dicha junta, lo que fue
rechazado por la Comisión de Gracias Presidenciales para garantizar la
objetividad e imparcialidad de la diligencia médica. En la operación cruzada
entre los ministerios de Justicia y Salud jugó un papel destacado Luis Martín
Champin, ex marino relacionado con el director general de las Redes Integradas
de Salud Lima Este. Hoy sabemos que el propio Alberto Fujimori ha presentado su
pedido de indulto y que el expediente está en manos de la Comisión de Gracias
Presidenciales. De ahí a Palacio hay una distancia muy corta.
En pleno debate de la vacancia, la Premier Mercedes Aráoz relativizó
la posibilidad de la concesión de un indulto express. No obstante, las
evidencias indican una operación en toda la línea con la participación de por
lo menos dos ministerios. Esta operación no tendría nada en especial si no fuese
porque su objetivo es ILEGAL. En su reciente visita a Lima, en octubre pasado,
el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recordado sobre el
probable indulto a Fujimori que ha sido sentenciado “por muy serias violaciones
a los Derechos Humanos”, delitos que constituyen crímenes contra la humanidad,
es decir, crímenes que son del interés de la comunidad internacional en su
conjunto, y sobre los cuales las leyes peruanas y la jurisprudencia
internacional señalan parámetros a los que no se ajusta la libertad del ex
presidente.
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