Por: Zenón DEPAZ TOLEDO
El lugar de la universidad
Todas las sociedades han contado con gente capaz de otear horizontes mayores que el común de los sujetos, tanto por la intensidad de la mirada, capaz de penetrar más allá de las apariencias que colman a los demás, como por la extensión espacial y temporal que suelen abarcar. Se les ha denominado sabios, y así se los ha apreciado, intuyendo que su función permitía la pervivencia del conjunto al dotarle de metas mayores y hondas raíces ancladas en la memoria, que también se ocuparon en cultivar. En la moderna sociedad secularizada se espera encontrarlos en la universidad, institución cuyo encargo es precisamente superar las estrechas miras de la existencia cotidiana abrumada por las urgencias inmediatas, para abarcar el horizonte tanto contemporáneo como histórico, y señalar la posición que ocupa la colectividad a la que sirve, proponiéndole los rumbos a seguir. Tal encargo esencial adquiere dramático significado en un país empobrecido como el nuestro, cuyo destino decidimos en un mundo marcado por profundas asimetrías en las correlaciones de poder, así como por tendencias estructurales a la exclusión de las mayorías y las colectividades débiles.
En su condición de institución que cultiva el saber, con vocación universal, la universidad es un espacio en el que sujetos diversos, que reconocen y producen saberes igualmente diversos, se comunican sobre la base de una asunción que está en los orígenes mismos de la racionalidad académica, consistente en suponer que la diversidad halla un terreno común en el diálogo, es decir en la circulación del logos (que es lenguaje y razón), a través del discurso argumentativo, que exige demostración y prueba de lo que se dice, de tal manera que cualquiera de los participantes del diálogo pueda, partiendo de las premisas establecidas y siguiendo la lógica argumentativa, corroborar las conclusiones o descartarlas.
La función reflexiva que asume la comunidad universitaria, deberá pues promover el diálogo, la discusión racional, sobre su propia condición y posición, siguiendo ese viejo mandato de “conócete a ti mismo”, fuente de toda sabiduría, atendiendo a la vez a la marcha del mundo en que vivimos. Es decir, deberá atender tanto al entorno hoy en acelerado y constante cambio, como a la propia condición de la universidad, a fin de garantizar un posicionamiento pertinente a ese entorno, como comunidad que tiene el encargo de cultivar la racionalidad crítica, una perspectiva de aliento universal y el diálogo fecundo de discursos y perspectivas diversas, tarea esta de honda repercusión en nuestras posibilidades de desarrollo como comunidad multicultural.
La universidad moderna, regida por la idea kantiana de razón y la noción humboldtiana de cultura, produjo elites y conocimiento (los dos grandes aportes que espera de ella la sociedad a la que sirve) en marcos ontológicos (idea de su ser) y epistemológicos (noción del conocimiento) relativamente estables. En el umbral del Siglo XXI, la revolución tecno científica que la universidad contribuyó a generar, ha dislocado su posicionamiento espacio temporal, tornando compleja la comprensión de lo que ella es, en tanto experimenta un acelerado proceso de masificación y creciente heterogeneidad institucional, acompañado de la irrupción de la dimensión virtual como soporte y contenido educativo. Asimismo, la explosión del conocimiento, de los paradigmas en que discurre, y con ello de la noción misma de verdad, presiona en dirección de un radical replanteamiento del sentido de los procesos y estructuras académicas universitarias. Así desprovista de anclajes ontológicos y epistemológicos estables, la universidad experimenta además el impacto decisivo de la noción técnico-burocrática de excelencia y rendimiento, que hoy la impregna contribuyendo a su mayor complejidad y situándola en una encrucijada en cuanto a la comprensión de su propia naturaleza.
La estructura institucional de la universidad, así como sus mecanismos de gestión, no son parámetros inconmovibles que haya que evaluar en sí mismos como si se tratara de fines; ellos son estrictamente instrumentales, es decir tienen la condición de medios, y como tales son enteramente modificables en función del cumplimiento de los fines académicos que legitiman socialmente a la universidad.
Pues bien, la revolución tecno científica contemporánea plantea un conjunto de retos a la universidad peruana, tanto en lo que respecta a sus relaciones con el entorno como en lo que se refiere a sus funciones sustantivas de docencia, formación profesional e investigación. La universidad ha perdido su condición de institución que monopoliza el saber científico. Ella funciona ahora en un contexto saturado de información, lo cual exige replantear su estructura académico institucional de raigambre positivista, rígidamente compartimentalizada en áreas de saber que se mantienen separadas, con tendencia a la atomización; así como los términos de la formación que imparte, ya sea en lo relativo a perfiles curriculares como a modalidades de certificación.
En cuanto a su gestión y organización institucional, la universidad en el Perú arrastra aún la pesada herencia de un alto grado de dispersión, patente en la tendencia a la multiplicación y atomización de facultades, muchas de las cuales albergan una sola especialidad, en una lógica de virtual autarquía académica que acentúa el ensimismamiento que ella padece, debilitando la posibilidad de un trabajo académico coordinado, ubicándonos así a contracorriente de las tendencias epistémicas contemporáneas, que exigen interdisciplinariedad y flexibilidad, en una perspectiva holística, integradora.
Hoy en día se necesita esquemas institucionales y curriculares integradores y flexibles, que permitan una formación integral, que abarque tanto competencias académicas, personales y de desarrollo social, como competencias emprendedoras. Igualmente es preciso tomar en cuenta una creciente demanda de educación permanente y constante actualización que el mundo del trabajo y el saber siempre cambiante traen consigo, lo cual repercutirá en una mayor diversificación de certificaciones y en el incremento de la importancia cualitativa y cuantitativa de los postgrados. Del mismo modo, la necesidad de insertarnos con autonomía en las fronteras del conocimiento avanzado exige incorporar las nuevas tecnologías de información y, sobre todo, otorgar absoluta prioridad a la investigación como función clave de la universidad de hoy.
Todo ello plantea la necesidad de establecer instancias de aseguramiento y promoción de la calidad académica como política de Estado, que permita remontar el deterioro que su ausencia ha producido. La perspectiva holística, transdisciplinaria, en la formación académica, el fortalecimiento de los postgrados en un lógica de educación permanente, la exploración de modalidades educativas alternativas posibilitadas por la informática, el trabajo de investigación interdisciplinario y la diversificación de opciones de cualificación, deberán ser atendidos en términos prospectivos como orientaciones estratégicas para la definición de políticas de Estado en la educación superior, a fin de asegurar su calidad.
Por otra parte, en la definición de las políticas de aseguramiento de la calidad académica, es preciso tener clara conciencia de que la importancia adquirida por la tecno ciencia como factor de poder en el mundo moderno, presiona por la introducción en el ámbito universitario de los criterios de rendimiento y eficacia como patrones de calidad con pretensiones sustantivas. Términos como adaptación, competitividad, supervivencia, logro y rendimiento, provenientes del mundo militar y empresarial, han sido incorporados, frecuentemente de modo acrítico, en el vocabulario universitario, induciendo al fortalecimiento de una visión estrechamente tecnocrática de las tareas universitarias, perdiendo de vista que tales nociones operatorias adquieren su orientación y predominio desde un horizonte político cultural -y en última instancia valorativo- que es preciso reconocer para evaluar en qué medida su imposición favorece el desarrollo de nuestras potencialidades como colectividad. A la universidad le corresponde también aquella tarea de tematizar con sentido crítico los horizontes de sentido en que discurre la acción. Se trata de una tarea de importancia capital para definir las condiciones de posibilidad de nuestra posición autónoma en el mundo contemporáneo.
Desde la década pasada, hay, de hecho, una visible presión sobre los decisores de política en las universidades, en el sentido de una evaluación permanente de la calidad académica y de la gestión. Se trata de una tendencia proveniente de espacios mayores a los del ámbito nacional. Una tendencia manifiesta como parte del proceso de globalización que se ha acentuado en las últimas tres décadas sobre la base de la entrada en escena de nuevas tecnologías de manejo de la información y las comunicaciones que dan acceso a información abundante en tiempo real.
Tratándose de una tendencia internacional, la evaluación de la calidad académica y de la gestión como soporte de ella se efectúa atendiendo a algunos estándares igualmente compartidos por la comunidad académica internacional, los mismos que se operativizan en un proceso denominado acreditación. Es de notar que esta es una tendencia que habiendo tomado cuerpo en la esfera de la producción actualmente se manifiesta en todos los ámbitos de la acción social.
Vivimos en una época caracterizada por la tendencia a la conversión de todo lo disponible en recurso. Así, la modernidad ha convertido la naturaleza en “recursos naturales”, dispuestos para ser explotados. En esa perspectiva el propio ser humano se ha convertido en un recurso, cuyo empleo debe ser “optimizado”; se habla así de “recursos humanos”. Teniendo enfrente recursos se supone que lo que corresponde es emplearlos con el mayor grado de eficiencia, de modo que puedan rendir lo más posible. Es la lógica del sistema, que algunos reproducen sin percatarse de ello. Como se sabe, la eficiencia se suele definir como el logro de ciertos objetivos con el menor número de recursos posible. Lo cual permite hablar de la “productividad” de aquellos recursos; la misma que debe ser evaluada de continuo. En esa lógica, los conocimientos también constituyen recursos. Más aún: constituyen el principal recurso; aquel cuya aplicación permite mejorar la productividad de los otros recursos.
Se trata, por tanto, de una tendencia que no podemos ignorar; de exigencias y retos que no podemos dejar de afrontar. Lo que sí nos corresponde como comunidad universitaria, es afrontar estas exigencias de manera crítica, con definiciones propias de las variables a elegir para evaluar la calidad académica. Tomar prestadas definiciones producidas sobre este tema en otros países, sin haber evaluado su pertinencia al nuestro, revelaría una inaceptable incomprensión de lo que está en juego en este terreno.
Inevitablemente, alguien debe definir los criterios con los cuales juzgar la calidad académica. Si no lo hiciéramos nosotros, lo harán otros, imponiéndonos sus términos, que bien podrían no ser del todo adecuados para construir la universidad que queremos. Por tanto, es (o debería ser) obvio que la definición de los criterios de calidad académica que serán aplicados en una universidad suponen una discusión detenida de qué tipo de universidad queremos, lo cual, a su vez, implica definiciones básicas de qué tipo de país queremos construir, sobre la base de una comprensión lúcida de en qué mundo vivimos y cuáles son sus tendencias fundamentales.
Al procesar una discusión de ese tipo, lo que estaríamos haciendo es enjuiciar críticamente la calidad de las orientaciones y procesos académicos, así como los de la gestión académica, tomando como criterio cuán pertinentes son, para la construcción del país que queremos; es decir, atendiendo a su impacto social; a la medida en que permiten fortalecer capacidades productivas, estructuras sociales y patrones culturales inclusivos, condiciones básicas para alcanzar mejores condiciones de vida para todos los peruanos. Procediendo así, actuamos con autonomía. Siguiendo definiciones trazadas por otros, hacemos sacrificio de nuestra autonomía y renunciamos a definir por cuenta propia qué tipo de universidad y sociedad queremos construir.
La universidad y los retos del mundo contemporáneo
El modelo civilizatorio de la modernidad, sobre cuyos alcances hoy se procesa un intenso debate, estableció desde sus inicios una estrecha correlación entre saber y poder, produciendo una revolución epistémica que trajo consigo un tipo de ciencia esencialmente vinculado con la tecnología y la búsqueda del rendimiento. Siguiendo el designio de aquel patrón civilizatorio que se ha extendido a escala planetaria, efectivamente el saber se ha convertido en clave de poder: En la escena contemporánea los países tienen un margen de juego directamente proporcional a su capacidad de producir ciencia y tecnología. Por tanto, en un mundo marcado por tendencias estructurales a la exclusión, las colectividades que no cuentan con una elite académica científica competente, con capacidad de producir saber riguroso y tematizar con autonomía los horizontes de vida en que discurre la acción, están en grave riesgo en cuanto a su viabilidad. Por ello, la educación superior pasa objetivamente a ser un delicado tema social y, su inclusión, un inobjetable indicador de seriedad de cualquier discurso o agenda de política nacional.
Se atribuye a Francis Bacon, filósofo inglés del Siglo XVII, haber sentenciado: “Saber es poder”. Se trata de un apotegma que caracteriza inmejorablemente el espíritu que anima a la ciencia, referente decisivo del horizonte de sentido que sostiene a la modernidad. En efecto, la ciencia moderna, a diferencia de los tipos de saber predominantes hasta entonces, se concibe ante todo como un saber cuyo valor se define por su rendimiento, por su capacidad de proveer el control de la naturaleza, convertida en un arsenal de recursos, estableciendo los procesos conducentes a ello.
Premunida de aquella voluntad, la ciencia moderna mostró desde sus orígenes una esencial dimensión tecnológica, vinculada al aumento de la productividad como objetivo de la acción. A estas alturas de la historia el imperio global de aquel tipo de saber constituye un hecho decisivo en la definición de las posibilidades de vida que afrontan los seres humanos, aún para aquellas que aspiran a proyectar horizontes de sentido alternativos para la acción.
En tal sentido, es preciso comprender que, en la denominada “sociedad del conocimiento”, la ausencia de políticas de Estado que promuevan el desarrollo de una base científico tecnológico propio constituye la más seria amenaza a la viabilidad de una comunidad política.
Corroborando la estrecha vinculación entre el poder y la capacidad de producir saber, los rankings universitarios mundiales elaborados con el inicio de este siglo, reproducen el mapa del poder en el escenario global. La participación de América Latina es de escasa relevancia. En el ranking de la Universidad de Jiao Tong, de Sanghai, apenas siete universidades aparecen entre las 500 primeras. Europa y América del Norte ubican alrededor de 400 universidades, ratificando el predominio global de su potencial científico tecnológico. Es también de interés que los países emergentes de Asia Pacífico, cuentan en ese ranking con algo más de 90 universidades. Se trata de países que, partiendo de una situación económica en promedio más precaria que la de los países latinoamericanos, decidieron invertir con prioridad en la educación superior para dotarse de una base científico tecnológica que les permitiera aprovechar los cambios que traía consigo el advenimiento de la sociedad del conocimiento, sustentando su desarrollo económico en la incorporación de alto valor agregado a su oferta de bienes y servicios. Nuestro camino ha sido inverso: desmontamos el aparato productivo que alcanzamos a constituir en la década de los setenta, la universidad pública sufrió un continuo deterioro de su calidad y nuestra economía viró hacia una reprimarización, tendencia marcada por el mayor volumen de inversión en extracción minera.
En ese contexto, la posición de nuestro país es extremadamente precaria. Nuestra producción hoy reprimarizada, proyecta un espejismo de cifras macroeconómicas basadas en el alto volumen de exportación de materia prima no renovable, que no debe impedirnos comprender que tal condición es insostenible a mediano plazo, si no incorporamos valor agregado a nuestra producción, tarea para la cual la universidad es una institución imprescindible.
En tal sentido, un buen criterio para evaluar la seriedad y consistencia de los programas políticos de alcance nacional y de los discursos y acciones en que se traducen, es atender a si cuentan con definiciones de qué hacer para dotarnos de aquel soporte científico tecnológico, qué hacer para desarrollar instituciones de educación superior de alta calidad, condición de posibilidad de nuestro bienestar colectivo.
Las tendencias a considerar
Notables cambios han ocurrido en los patrones de vida y expectativas de la gente durante las últimas décadas. Tales cambios que abarcan las relaciones interhumanas -especialmente en el mundo del trabajo-, las del hombre con la naturaleza, así como el campo del saber, no tienen parangón en la historia previa. Ellos han sido desencadenados por mutaciones ocurridas en la base tecno científica de la sociedad contemporánea, las cuales tienden a producirse con una celeridad cada vez mayor.
El campo del saber cambia y crece vertiginosamente: Las revistas especializadas científicas han pasado de 10 mil en 1900 a más de 100 mil en la actualidad. Refiere Joaquín Brunner que tan sólo en matemáticas se publica anualmente alrededor de 200 mil nuevos teoremas y que desde los años 90 más de un millón de artículos aparecen en las revistas especializadas de química. Considerado en su conjunto, se calcula que el saber especializado logró duplicarse, desde inicios de nuestra era, recién a mediados del Siglo XVIII, precisamente cuando tomaba cuerpo la ciencia moderna. Volvió a duplicarse 150 años después; luego en 50 años y ahora se calcula que ocurre cada cinco años. De continuar las actuales tendencias que muestran oleadas tecnológicas de ritmo y lapso de recurrencia cada vez más acelerados, se calcula que alrededor del año 2020 se duplicará cada 73 días. Estamos pues en carrera contra el tiempo para encarar los retos que tal situación nos plantea. Si queremos evitar el destino de sociedad debilitada, descartable y colapsada, necesitamos repensar radicalmente la universidad peruana, su estructura, funciones y prioridades en el ámbito nacional.
Los peruanos necesitamos volver a pensar el país y su lugar en el mundo. Requerimos instituciones capaces de apropiarse de aquel saber, seleccionarlo, interpretarlo, asimilarlo y participar con prioridades propias en su producción, instituciones de educación superior con capacidad de producir conocimiento pertinente y de óptima calidad. En ello se juega nuestro destino. Para eso necesitamos evaluar cuidadosamente, sin mistificaciones, la actual situación de la universidad, apreciando con objetividad sus debilidades y potencialidades.
No es posible pensar un desarrollo social sustentable sin el concurso de la universidad, tanto para la formación de elites nacionales y regionales rigurosamente calificadas que conduzcan aquel proceso, como para la producción de saberes del más alto nivel que incorporen valor agregado a nuestra producción hoy reprimarizada. Por ello, es vital para los peruanos contar con universidades capaces de asimilar el saber contemporáneo y adaptarlo a las necesidades del país y sus regiones, estableciendo nexos con la práctica social -en particular la producción material y simbólica- y nuestras raíces culturales.
La universidad pública tiene importancia decisiva para el desarrollo del país: No sólo porque contribuye a su democratización, promoviendo ascenso social mediante la formación de cuadros calificados, sin otra condición que su competencia académica, sino porque genera conocimiento en áreas de valor estratégico, que frecuentemente exigen alta inversión en capacitación y logística, como las ciencias básicas y las tecnologías, a las que la lógica cortoplacista del lucro con que en nuestro medio se tiende a fijar las prioridades en la inversión privada no podría atender.
En una sociedad caracterizada aún por una injusta distribución de la riqueza, con contrastes sociales muy marcados y un grueso sector de la población en situación de pobreza o de pobreza extrema, la universidad pública facilita el ascenso social de los sectores menos favorecidos, al hacer posible su acceso a la educación superior sin otra condición que sus méritos y capacidad intelectual, con lo cual también permite un más amplio desarrollo de las potencialidades humanas con que cuenta el país. Conviene también tomar en cuenta que el retorno de la educación superior en términos de empleabilidad es aproximadamente el triple del de la educación secundaria, lo cual ciertamente da cuenta de la existencia en la base de un severo problema en la distribución del ingreso, pero al mismo tiempo corrobora que la educación universitaria abre mayores posibilidades de saldar aquellas brechas para los que acceden a ella.
En tal sentido, la función democratizadora de la universidad pública pasa ahora de manera decisiva por el cuidado de su calidad académica, la cual está hoy en relación directa con el desarrollo de la investigación y la capacidad de producir conocimiento.
La situación en que nos hallamos
La estructura de la educación superior en el Perú es vetusta: Atendiendo a los dramáticos cambios ocurridos en el mundo (en cuya base está la revolución tecno científica) todos los países del área han renovado su legislación para afrontar los retos de la calidad académica. Nuestra Ley Universitaria, promulgada en 1983, muestra un sensible retraso, que su orientación acentúa más aún, pues fue diseñada siguiendo el modelo reformista de Córdoba, de la segunda década del siglo pasado.
La Ley Universitaria N° 23733 de 1983, inspirada por Luis Alberto Sánchez. Ley que marcó el rumbo de la universidad peruana plasmando con retraso un programa anti oligárquico, que entendía la democratización de la universidad, en primer lugar como resguardo de su autonomía para definir los términos de su desarrollo, y, por otro lado, como promoción de la participación de los estamentos universitarios en un gobierno sustentado en mecanismos de decisión asambleísticos. Dicha ley no prestaba mayor atención al tema de la calidad académica, precisamente cuando por la irrupción de la denominada sociedad del conocimiento pasaba a ser el eje de definición del alcance democrático de la universidad, y en particular de la universidad pública. Aquella ausencia fue fatal para el posterior curso de la universidad en nuestro país.
Aquella ley sufrió luego múltiples modificaciones parciales (ver Anexo) para ser acomodada a la presión de las circunstancias, cuando no de los intereses políticos en juego. Ello sólo consiguió ahondar su incoherencia. La disposición legal de mayor efecto en tal sentido fue el Decreto Ley N° 882, emitido por Fujimori en 1996 para facilitar la apertura de universidades privadas sobre la base de incentivar el lucro. En ausencia de mecanismos mínimos de garantía pública de la calidad de la oferta educativa, aquella norma ahondó los efectos negativos del modo en que la Ley Nº 23733 definió la autonomía universitaria, convirtiéndola en una suerte de patente de corso que condujo a la proliferación de una oferta educativa universitaria deleznable que hoy inunda el país.
Se trata por tanto de un marco legal inadecuado para resolver los problemas más saltantes que afronta hoy la universidad peruana, afectado además de una incoherencia crónica. Por ello, su renovación es una tarea urgente.
Hay 112 universidades en el Perú (36 públicas y 76 privadas), otras 22 (4 públicas y 18 privadas) están en proceso de implementación. Algunas otras han sido creadas recientemente por Ley. Además, hay 38 filiales reconocidas (de grandes dimensiones) y muchas más funcionando informalmente. (1) Todas las regiones cuentan con universidades públicas (en varias hay 2 o más), y en todas hay muchas privadas e incontables filiales. Por tanto, el problema principal no es de cobertura sino de calidad. (2)
Los sucesivos gobiernos, en las últimas tres décadas, han ahondado la crisis de la Universidad Pública creando, demagógicamente, nuevas universidades de ese tipo (3), en condiciones deleznables y con consecuencias tan lamentables como las tres muertes registradas en Huancavelica en protestas de la población por la mutilación de la universidad pública allí existente, para crear otra nueva en Tayacaja. (4)
Los grados (incluyendo postgrados) y títulos, en todas las universidades y sus filiales, se otorgan “a nombre de la Nación”, sin garantía alguna de su confiabilidad, configurándose así, en la mayoría de los casos (sobre todo en las universidades privadas “con fines de lucro”) una situación de estafa a gran escala, con grave daño del país.
La universidad pública se halla igualmente afectada por la mercantilización de sus funciones (tendencia favorecida por el bajo presupuesto que recibe del Tesoro Público), que abarca desde la institucionalización de los “Centros Preuniversitarios” (con detrimento del principio de equidad en el acceso) hasta la comercialización de títulos y postgrados (con menoscabo de su nivel académico).
Esa situación, favorecida por el desinterés del Estado, ha conducido a su captura por grupos corruptos y académicamente mediocres, de interés clientelar, sin proyecto de universidad ni de país, que basan su acceso al poder en la corrupción sistemática de los representantes estudiantiles que los eligen. Se trata de una situación que escasas excepciones confirman como generalizada.
La universidad en el Perú se halla en crisis, mercantilizada y, en el caso de las universidades públicas, en una suerte de autismo paralizante, copada por redes de interés corporativista y clientelar, sin capacidad de redefinir su estructura y sus funciones, para incidir de manera activa en el curso de la sociedad circundante.
En esas condiciones, la investigación científica tiene escaso -y frecuentemente nulo- desarrollo, y el nivel académico de docentes y estudiantes tiende al deterioro, con resultados como los que muestran los docentes de la Educación Básica, egresados de universidades.
La crisis de la universidad en el Perú es, pues, severa y tiene a la base la carencia de políticas de estado para su desarrollo. No obstante, si pensamos seriamente en el desarrollo nacional, el concurso de las universidades (sobre todo las públicas) es esencial. Lo confirma la experiencia de todos los países que han logrado desarrollarse, pues ello es imposible sin producción de ciencia y tecnología, y formación de una elite dirigente del más alto nivel, funciones que corresponden a la universidad.
Desde mediados de los años 70 el país siguió un curso de inserción en la economía mundial, con subordinación a los ejes de poder global, asumiendo el papel de proveedor de materias primas y mano de obra barata, reprimarizando su aparato productivo. Es en esas condiciones que la Universidad perdió toda relevancia.
El nuevo escenario
Se ha abierto la posibilidad de un cambio en las orientaciones básicas de las políticas de estado en el Perú. Han sido propuestos como ejes de política estatal: 1) la redistribución de la riqueza, con mayor impulso de las políticas sociales, y 2) la reorientación del aparato productivo, en el sentido de una incorporación progresiva de valor agregado en la producción. Ambas orientaciones confluyen en la necesidad de introducir cambios en la Universidad, institución que favorece mayores grados de equidad social (pues promueve el ascenso social y es el nivel educativo con mayor tasa de retorno económico) y a la que corresponde producir el conocimiento que incorpore valor agregado a nuestra producción.
Se ha abierto, por tanto, la posibilidad de una reforma de la Universidad, que debería traducirse en un nuevo marco legal para ella, que reemplace al actual que ha devenido obsoleto y perjudicial para su desarrollo.
Elementos para una agenda de Reforma Universitaria
En el caso de las universidades públicas, (5) la reforma supone: A) Definición de políticas de estado para el impulso de la Educación Superior y B) pleno apoyo estatal para el cumplimiento de sus funciones.(6) Exige también pensar estas instituciones a escala nacional, generando C) un sistema universitario nacional,(7) articulado por macro regiones, con liderazgo de universidades de carácter emblemático, donde se dé prioridad a la investigación y los posgrados. Deberá también D) rediseñar sus mecanismos de representación y gestión, favoreciendo la más amplia participación de la comunidad universitaria, así como E) una gestión transparente y por resultados, con indicadores de eficiencia y rendición de cuentas al país.
Se ha abierto la posibilidad de una renovación de la Educación Superior peruana, con liderazgo de las universidades públicas. De no concretarse pronto, su crisis se ahondará, con efectos de largo plazo, afectando también las posibilidades de desarrollo del país. La comunidad universitaria nacional deberá promover esa renovación, constituyendo un movimiento universitario (con docentes y estudiantes), con un programa de cambio y voluntad política para llevarlo adelante.
Chaclaq ayllu, Setiembre, 2011
Notas Finales
* Disertación realizada en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 5 de septiembre del 2011. Publicada con autorización del autor.
(1) Si sumamos a las 112 universidades ya reconocidas, las 22 a las que eufemísticamente CONAFU denomina “en proceso de implementación” y las 38 filiales (la mayoría de ellas con dimensiones de ciudad universitaria), tenemos 172 instituciones universitarias funcionando efectivamente en el país. Si tomamos en cuenta que 11 más se hallan en trámite de autorización y otras 9 en espera, la situación adquiere dimensiones de catástrofe nacional en términos de cuidado de la calidad académica. Además, CONAFU registra 5 universidades cuya autorización fue cancelada y otros 25 proyectos de universidad admitidos, a los que denomina “en abandono”.
(2) Este es un punto nodal de las definiciones que hay que tomar sobre la universidad, pues cambia por completo las prioridades de la agenda universitaria.
(3) En casi todos los casos siguiendo el “modelo” perverso de convertir una sede universitaria en funcionamiento, como la de la UNT en Huamachuco, la de la UNAMBA en Andahuaylas, la de la UNSAAC en La Convención, la de la UNDAC en Oxapampa, la de la UNAP en Sullana, la de la UNC en Jaén, la de la UNSCH en Huanta o la de San Marcos en San Juan de Lurigancho. Es decir, desmontando lo que debía fortalecerse: que la principal universidad pública de cada región establezca sedes en sus provincias, con especialidades apropiadas a las necesidades del desarrollo de esa zona.
(4) No obstante, el nuevo gobierno ha reincidido, de inicio, en esta tendencia, creando una nueva universidad pública en Chincha.
(5) Es importante centrar la atención en las universidades públicas, no sólo por razones de orden táctico (de viabilidad política de la reforma universitaria), pues no hay que perder de vista que la aprobación de la ley que establecía la elección de las autoridades universitarias por voto universal y directo de la comunidad universitaria fue bloqueada por presiones de los dueños de universidades privadas, muy vinculados a las altas esferas del poder político en el país, sino también porque es preciso no perder de vista que lo decisivo es reformar la Universidad Pública, directamente dependiente del Estado y de valor estratégico para el desarrollo del país. Para el caso de las universidades privadas, bastará, en primera instancia, con que el sistema de acreditación funcione efectivamente, cortando la estafa educativa.
(6) Obviamente, ello supone un mayor financiamiento y decidido apoyo a la investigación.
(7) Es decir, la autonomía deberá replantearse, siendo condición del sistema universitario, no de cada universidad en particular. No hay otro modo de terminar con el autismo universitario que ha conducido a duplicar innecesariamente la oferta de formación profesional en una misma región o a implementar programas que no guardan pertinencia con las necesidades del desarrollo de la sociedad circundante. Ello supone también contar con alguna instancia de alcance nacional y algunas otras de alcance macrorregional que coordinen la actividad universitaria en el sector público.
