La protesta de los pobladores de Bagua y Yurimaguas contra las leyes de expropiación de sus tierras, en nuestra amazonía, a merced de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se convirtió en un problema de dificil solución política para el gobierno aprista. La noción de tierra y espacio que tienen nuestros pobladores amazónicos, es una forma válida de concebir y proteger la vida, que no sólo es economía, sino este habitat natural constituye equilibrio con lo que el ambiente le pueda otorgar para la subsistencia diaria. Su oposición a la extracción de madera, la destrucción de la fauna y flora por transnacionales que agotan y destruyen el ambiente, es una defensa de la vida misma, y arrebartasela con leyes, en las cuales ellos no han sido consultados, es condenarlos a una muerte segura. Un etnocidio con ley propia.
El gobierno aprista merced a un conjunto de normas legales que le concedió el Congreso de la República, para aprobar este tratado de libre comercio, a violentado un conjunto de derechos laborales, y de regulación de la propiedad de la tierra de la amazonía, entre otros. Estas leyes son anticonstitucionales, rebasan todos los marcos legales que regulan el derecho de existencia de las comunidades nativas en nuestra amazonía, al expropiarles el habitat natural.
Se nos vende la idea que la inversión extranjera es “fundamental”, si no pereceremos como economía. Ese “desarrollo” es “necesario”, aún así se destruya la riqueza natural y el potencial que representan los recursos de nuestra amazonía.
¿Qué hemos logrado de ese “desarrollo”? Por ejemplo se explota gas y el costo para un peruano es el más alto en todo Sudamérica. ¿Cuánto daña una compañía petrolera el ambiente y la diversidad de la amazonía? ¿En verdad benefician a todos los peruanos?
La protesta de nacionalidades awajun, wampi entre otros, en la ciudad de Bagua, ha sido acallada a sangre y fuego, ¿a qué costo? ¿Quiénes son los responsables de esta matanza?
No hace mucho escuchaba las palabras de un gobernante que censuraba a un general de la policía por negarse a dar la orden de disparar contra la población inerme de Moquegua, que había tomado el puente Montalvo, en la carretera panamericana sur, sus palabras textuales fueron: “si un general [de la policia] tiene miedo de acatar esa orden [de disparar a matar contra la población inerme] debe irse a su casa”. Parece que en esta ocasión la orden se cumplió sin chistar y este gobernante cree que puede engañar a toda la población peruana, lanzando una campaña propagandística confusionista, diciéndonos que los culpables son los que protestaban contra una ley inconstitucional.
Hay toda una campaña llena de mentiras y desinformación que está orquestada desde las más altas esferas del gobierno, baste escuchar las declaraciones de congresistas apristas para entender hasta donde llega la demagogia y el desparpajo. Los testimonios de periodistas internacionales y del programa de Nicolás Lúcar emitidos el domingo 7 de junio sirven para darse cuenta, sobre estas mentiras y observar cómo es que la vida de un compatriota awajun o wampi, no vale nada. ¿Cuántos cadáveres de “nativos” hay hasta el momento? No lo sabemos, porque las evidencias se desaparecen u ocultan, al lugar del enfrentamiento no pueden ingresar la cruz roja o el ministerio público o el periodismo independiente.
¿Seguiremos viendo a nuestros compatriotas awajun y wampis como “chunchos”, “salvajes”, sin derecho a reclamar sobre la tierra que les pertenece? Este es el Perú multiétnico que muchos desconocen o rechazan, son tan peruanos como nosotros. Son ellos quienes también fueron enviados a combatir en el conflicto del Cenepa, cuando en 1995 Ecuador invadió territorio peruano. Son ellos los que se comunican por idiomas distintos al español que hablamos en la capital de la República. Son ellos los que tienen un código social y cultural distinto al que manejamos usualmente, ¿merecen ser discriminados, rechazado, perseguidos y asesinados por la cultura que representan? Esperamos que el gobierno del partido aprista retroceda y derogue las leyes de expropiación que afectan a las comunidades amazónicas y libere a todos los apresados durante esta protesta.
En 1981 el estudiante Marcos Ayerbe fue detenido y asesinado en una comisaria del Cusco, durante una protesta estudiantil. El ministro del interior José María De la Jara y Ureta tuvo la decencia de renunciar como Ministro del Interior. Hoy, sin embargo, el concepto de decencia política está tan relativizado y carente de significado para el Primer ministro y su gabinete, ellos consideran que los muertos, tanto policias como nativos, son tan relativos como la decisión que tomaron. No hay culpables, no hay sanción para quien dio la orden, sólo impunidad y avasallamiento de derechos. ¿Quién se responsabiliza por las víctimas?¿habrá que convertir a Alberto Pizango en cabeza de turco y hecharle toda la culpa por la decisión que tomaron desde el gobierno?
La orden de “desalojar” con violencia y muerte a quienes habían tomado la carretera de ingreso al Departamento de San Martín, fue una de las alternativas que manejó el gobierno desde el primer día de huelga, sabiendo que jugaban con el cansancio sobre la población que venía protestando por más de 50 días. El costo de esta decisión es muy alto en vidas humanas, tanto de policías, como de “nativos”, ¿Qué está esperando el primer ministro y su gabinete para renunciar? ¿Aún le queda algo de decencia política y respeto a la vida de sus propios compatriotas? ¿Sigue siendo importante para el gobierno aprista sacrificar tantas vidas humanas para favorecer un tratado internacional de comercio a todas luces lesivo sobre la soberanía de nuestra amazonía?
Hasta hoy, sólo ha renunciado Carmen Vildoso, Ministra de la Mujer, ante una andanada de vejámenes e insultos de congresistas apristas. La felicito, debe pesar en su consciencia que primero es la vida de la población. El Primer Ministro está dando un triste espectaculo, tratando de justificar lo injustificable, que espera para renunciar, seguirá cantando el coro de que los muertos eran "ciudadanos de última clase", y que los únicos culpables son los awajun o wampis, por no aceptar leyes inconstitucionales que les quitan el derecho a la vida.
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